CDMX/ La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se prepara para dictaminar una iniciativa que busca endurecer las penas contra quienes accedan sin autorización a sistemas informáticos o bases de datos protegidas, como parte de una estrategia legislativa para fortalecer el combate a los delitos cibernéticos.

La propuesta, impulsada por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), plantea reformar el artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal para establecer sanciones de tres a diez años de prisión y multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin autorización, acceda a sistemas protegidos con la intención de sustraer, modificar, destruir, copiar o alterar información.

Además, la reforma contempla un aumento de hasta una tercera parte en la pena si el delito se comete con la finalidad de causar daño psicológico o material a la víctima.

En la exposición de motivos, se advierte sobre el auge de amenazas como el phishing, ransomware, spamming y otras modalidades de ciberdelitos, señalando que los delincuentes cibernéticos actúan cada vez con mayor organización y sofisticación. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los delitos más comunes en este ámbito incluyen la extracción de datos sin consentimiento (hacking), ataques a sistemas operativos (cracking), fraudes mediante enlaces falsos, y extorsión digital (ciberterrorismo).

El legislador panista reconoció que si bien el gobierno federal ha impulsado acciones mediante la creación de policías cibernéticas a nivel federal y estatal, es necesario que el Congreso de la Unión proporcione un marco legal actualizado y efectivo para castigar con severidad estas conductas delictivas.

“Endurecer las penas enviará un mensaje claro: la delincuencia cibernética se enfrentará a un sistema que verdaderamente castiga estos actos. Solo así podremos disuadir estas prácticas que afectan la seguridad y privacidad de las personas”, subrayó Pérez Díaz.

Se espera que el dictamen avance en las próximas sesiones, como parte de una agenda legislativa que prioriza la seguridad digital y la protección de los datos personales.