• Fernández Noroña advierte que se trata de casos excepcionales, pero urge actuar antes del 1 de junio
• INE señala que será el TEPJF quien determine la validez de las candidaturas

Ciudad de México/ El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la Cámara Alta impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una veintena de candidaturas judiciales presuntamente vinculadas con el narcotráfico, previo a la histórica elección del 1 de junio.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña explicó que se han identificado aspirantes que “han defendido a narcotraficantes o que han entregado sistemáticamente amparos para liberarlos de prisión”, lo cual, en su opinión, los hace no idóneos para formar parte del nuevo sistema judicial que se elegirá por voto popular.

“Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas (…) no se trata de un capricho ni de un veto”, aclaró el legislador, quien también destacó que no se revelarán nombres por el momento, aunque serán públicos una vez que se presenten las impugnaciones formales.

En respuesta, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, puntualizó que no corresponde a esa institución retirar candidaturas, sino al Senado y al TEPJF resolver sobre la elegibilidad de los aspirantes. Uno de los requisitos clave para los cargos es la probidad.

A la polémica se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó al Tribunal Electoral anular las postulaciones de personas con presuntos nexos criminales. Paralelamente, la organización civil Defensorxs señaló, a través de su plataforma Justicia en la mira, al menos a 13 aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales o sectas político-religiosas. Entre ellos destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La controversia surge en el marco de la primera elección popular del Poder Judicial en México, en la que 99.7 millones de ciudadanos podrán elegir a 881 cargos, entre ellos ministros de la Suprema Corte, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral. La jornada ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, asociaciones civiles y miembros del actual Poder Judicial, quienes advierten sobre el riesgo de intromisión del crimen organizado y del Ejecutivo en el proceso.