• La propuesta de Claudia Sheinbaum incluye la creación de la Agencia de Transformación Digital y medidas contra la propaganda extranjera
• La ley busca fortalecer el control sobre el espectro radioeléctrico y ampliar el acceso a internet en zonas vulnerables

Ciudad de México/ El Senado de la República dio entrada a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone la expedición de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, promulgada en diciembre de 2024.

La propuesta contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital, que asumirá las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y tendrá el carácter de secretaría de Estado. Esta agencia se encargará de gestionar los recursos y procedimientos relacionados con el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en el país.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y de Estudios Legislativos para su discusión, con el objetivo de aprobar el dictamen este jueves y someterlo a votación en el pleno del Senado el próximo lunes.

Uno de los puntos clave de la nueva ley es el restablecimiento de la prohibición para los medios de comunicación masiva de transmitir propaganda extranjera, una medida eliminada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El artículo 210 de la nueva norma establece que los concesionarios de servicios de radiodifusión y televisión no podrán transmitir propaganda política o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, salvo en casos de promoción turística o cultural. También se prohíbe que plataformas digitales comercialicen espacios publicitarios para la difusión de publicidad extranjera distinta a fines culturales o turísticos.

En cuanto al espectro radioeléctrico, la ley establece que este es un bien de la nación, que será administrado bajo criterios de interés público. Además, se contempla un nuevo marco para las concesiones, con un esquema de concesiones únicas para uso comercial, público, privado y social. El Ejecutivo Federal podrá recibir concesiones directas para proveer servicios de internet de banda ancha en zonas vulnerables y alejadas del país.

La propuesta también introduce un sistema de sanciones económicas para los concesionarios, que podrían enfrentar multas de entre 0.01% y 0.75% de sus ingresos, así como causales de revocación de concesiones en caso de incumplimiento de ciertos requisitos. Asimismo, se prevé un periodo de transición para las concesiones y autorizaciones previas a 2014 al nuevo régimen legal.

La ley también contempla la requisa de vías de comunicación en casos de seguridad nacional, como medida preventiva.