• El exgobernador de Michoacán enfrenta cargos por peculado y lavado de dinero
• La Fiscalía General de la República lo acusa de desfalcar más de 3 mil millones de pesos en su administración

Ciudad de México/ Un juzgado federal ha concedido una suspensión provisional a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, para evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra. Aureoles enfrenta cargos por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de un desfalco de más de 3 mil millones de pesos en su gestión estatal.

El secretario en funciones del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por Aureoles Conejo y, de manera preliminar, otorgó una suspensión provisional para que no se ejecute la orden de aprehensión en su contra. La suspensión, sin embargo, no impide que el exgobernador comparezca ante el juez de control que emitió la orden de captura, solo se detiene la ejecución del mandato de arresto.

El exmandatario michoacano deberá depositar una garantía de 52 mil pesos en los próximos cinco días hábiles para que la medida siga vigente. Si no cumple con este requisito, la suspensión perderá su efecto y Aureoles podrá ser detenido.

El próximo 29 de abril se resolverá si la suspensión definitiva es otorgada, lo que significaría que el exgobernador no podrá ser detenido hasta que se resuelva el fondo del amparo.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Silvano Aureoles y a cuatro de sus excolaboradores de desfalcar 3 mil 400 millones de pesos a través de la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán. Los exfuncionarios de su administración ya fueron vinculados a proceso en marzo de este año por delitos como peculado, lavado de dinero y administración fraudulenta.

La investigación que originó la orden de aprehensión contra Aureoles comenzó en 2023, cuando se detectó que durante su mandato, entre 2015 y 2021, se adjudicaron contratos irregulares a la Inmobiliaria DIP, lo que provocó el desfalco millonario. Durante este período, Aureoles realizó al menos 10 viajes al extranjero, lo que ha generado especulaciones sobre sus actividades fuera del país.

El proceso legal sigue en curso, mientras se mantienen los plazos de investigación complementaria para los implicados.