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Ciudad de México/ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que, por ahora, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no puede intervenir ni resolver sobre el caso Atenco, pese a la sentencia condenatoria emitida contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2018.
El Pleno explicó que, de acuerdo con el fallo internacional, el Estado mexicano debe primero concluir las investigaciones sobre los actos de tortura y violencia sexual cometidos en 2006 contra once mujeres detenidas por policías del Estado de México, antes de que el Poder Judicial pueda juzgar a los responsables. “El eventual juzgamiento y sanción de los responsables constituye un deber condicionado al cumplimiento del deber preliminar”, señaló la Corte.
Hasta ahora, las obligaciones derivadas de la sentencia siguen pendientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México remitió el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) hace más de un año, sin que se hayan reportado avances. Además, no se ha creado el observatorio para supervisar el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, ni el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual ha sesionado desde que emitió sus lineamientos en marzo de 2023.
La ministra Yasmín Esquivel destacó que el cumplimiento de la sentencia es responsabilidad de todo el Estado mexicano y requiere una coordinación eficaz entre los distintos poderes y niveles de gobierno, en particular la actuación del Poder Ejecutivo para avanzar en las investigaciones.
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